Exdirector de INTRANT y Otros Imputados Piden Variación de Prisión Preventiva en el Palacio de Justicia

 

SANTO DOMINGO, RD. - Este lunes, el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras, junto a José Ángel Gómez Canaán (conocido como Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S., llegaron al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para solicitar la variación de la medida de prisión preventiva impuesta en su contra.

Ambos, quienes cumplen una prisión preventiva de 18 meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres, buscan que el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional revise su situación. La jueza Fátima Veloz también dispuso medidas para otros involucrados en el caso, incluyendo arresto domiciliario para Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT, y una garantía económica de 2 millones de pesos para Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho.

Asimismo, los acusados Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas enfrentan medidas de coerción que incluyen garantías económicas de un millón de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.

La jueza Veloz admitió la solicitud del Ministerio Público para declarar el caso como complejo y fijó la revisión obligatoria de las medidas para el 9 de enero de 2025.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, calificó la decisión judicial como “el triunfo de la verdad sobre la mentira”, resaltando la gravedad de los hechos y el daño causado al Estado. Camacho también reveló que se encontraron evidencias de que los imputados estaban vigilando a miembros del sistema de justicia, lo que influyó en la decisión del tribunal.

Además, advirtió sobre nuevas líneas de investigación que podrían llevar a la imputación de más personas. “Ahora nos enfocaremos en seguir recabando evidencias y explorar nuevas líneas de investigación”, afirmó Camacho.

Los imputados enfrentan serias acusaciones de corrupción y crimen organizado, que incluyen desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad. Estos delitos están tipificados en varias leyes dominicanas, incluyendo la Constitución de la República Dominicana y el Código Penal.

La situación sigue en desarrollo y se espera que las investigaciones continúen arrojando nuevos resultados en torno a este caso de corrupción.