Redacción | La Nación Informa | 28 de julio de 2025
Santo Domingo.- Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez, conocido como “El Detective”, reafirmó su compromiso de continuar en huelga de hambre desde su reclusión en el Centro de Privación de Libertad Provisional (CAPLIP) en Ciudad Nueva, Distrito Nacional. Martínez, detenido en mayo de 2025 en Puerto Plata tras llegar a un crucero, sostiene que su encarcelamiento es una represalia por ejercer su derecho a la libertad de expresión. "Aquí está el abono de la libertad de expresión. Voy a dar mi cuerpo", afirmó, enfatizando que su lucha es por un pilar fundamental de la democracia.
El comunicador, oriundo de Santiago de los Caballeros, ha ganado notoriedad a través de su canal de YouTube, con más de 330 mil suscriptores, donde publica denuncias sobre presuntos vínculos de figuras públicas con actividades ilícitas. Su estilo directo lo ha llevado a enfrentar múltiples querellas por difamación, injuria, extorsión y estafa, presentadas por figuras como el diputado Sergio Moya, el empresario Arnulfo Gutiérrez, la ministra de Interior y Policía Faride Raful, y la exviceministra Milagros De Camps. Además, se le investiga por supuesta implicación en una red de chantaje digital y lavado de dinero, cargos que él y sus seguidores rechazan como intentos de censura.
Martínez fue arrestado en cumplimiento de una orden judicial de 2021, emitida tras declararlo en rebeldía por no comparar en procesos relacionados con la Ley 53-07 sobre Delitos de Alta Tecnología. Actualmente se enfrenta a coerción, incluyendo grillete electrónico, impedimento de salida del país y presentación periódica de medidas ante la justicia. Su defensa, liderada por el abogado Carlos Mesa, ha interpuesto recursos de amparo, denunciando violaciones al debido proceso y condiciones de reclusión que afectan su salud, dado que padece hipertensión y diabetes. Los informes indican que Martínez, en huelga de hambre, se niega a recibir medicamentos, lo que ha generado preocupación por su estado físico.
“La libertad de expresión es la columna vertebral de la humanidad”, afirmó Martínez, quien se describe como un mártir en favor de este derecho. Sus seguidores, a través de redes sociales, han cuestionado la proporcionalidad de las acciones judiciales, mientras que sus detractores, como el abogado de Faride Raful, Miguel Valerio, lo acusan de abuso y desacreditan sus reclamos. La situación ha generado un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión y el uso de plataformas digitales en República Dominicana.
El comunicador, oriundo de Santiago de los Caballeros, ha ganado notoriedad a través de su canal de YouTube, con más de 330 mil suscriptores, donde publica denuncias sobre presuntos vínculos de figuras públicas con actividades ilícitas. Su estilo directo lo ha llevado a enfrentar múltiples querellas por difamación, injuria, extorsión y estafa, presentadas por figuras como el diputado Sergio Moya, el empresario Arnulfo Gutiérrez, la ministra de Interior y Policía Faride Raful, y la exviceministra Milagros De Camps. Además, se le investiga por supuesta implicación en una red de chantaje digital y lavado de dinero, cargos que él y sus seguidores rechazan como intentos de censura.
Martínez fue arrestado en cumplimiento de una orden judicial de 2021, emitida tras declararlo en rebeldía por no comparar en procesos relacionados con la Ley 53-07 sobre Delitos de Alta Tecnología. Actualmente se enfrenta a coerción, incluyendo grillete electrónico, impedimento de salida del país y presentación periódica de medidas ante la justicia. Su defensa, liderada por el abogado Carlos Mesa, ha interpuesto recursos de amparo, denunciando violaciones al debido proceso y condiciones de reclusión que afectan su salud, dado que padece hipertensión y diabetes. Los informes indican que Martínez, en huelga de hambre, se niega a recibir medicamentos, lo que ha generado preocupación por su estado físico.
“La libertad de expresión es la columna vertebral de la humanidad”, afirmó Martínez, quien se describe como un mártir en favor de este derecho. Sus seguidores, a través de redes sociales, han cuestionado la proporcionalidad de las acciones judiciales, mientras que sus detractores, como el abogado de Faride Raful, Miguel Valerio, lo acusan de abuso y desacreditan sus reclamos. La situación ha generado un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión y el uso de plataformas digitales en República Dominicana.
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