LA NACIÓN INFORMA | 24 de julio de 2025
Santo Domingo, RD.- La salud mental se consolida como uno de los mayores desafíos de salud pública en la República Dominicana, una situación que, pese a avances recientes, evidencia barreras preocupantes en el acceso a servicios especializados y en la reducción del estigma social.
Datos recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y estudios locales revelan que cerca del 20% de la población dominicana sufre algún tipo de trastorno mental, siendo la depresión y la ansiedad los más comunes. A esto se suma el impacto de la pandemia de COVID-19, que agudizó los casos de ansiedad y depresión, afectando de forma especial a los jóvenes, quienes enfrentan mayores presiones económicas y sociales.
El país figura entre los que tienen mayor carga de trastornos mentales en Centroamérica y el Caribe, de acuerdo con la tasa de Años de Vida Ajustados a Discapacidad (AVADs), un indicador que mide el impacto de enfermedades en la calidad de vida.
Principales desafíos:
✅ Estigma persistente: A pesar de los esfuerzos de sensibilización, miles de dominicanos temen buscar ayuda profesional por miedo al rechazo o desconocimiento sobre su propia condición.
✅ Acceso desigual: La mayoría de los psiquiatras y especialistas se concentran en el Gran Santo Domingo, dejando amplias zonas rurales e interiores con poco o ningún acceso a atención adecuada. Además, los seguros de salud suelen ofrecer cobertura limitada o inexistente para estos servicios.
✅ Baja inversión: Según cifras recientes, la inversión en salud mental en RD apenas alcanza el 0.73% del presupuesto de salud, muy por debajo del mínimo recomendado por la OMS (5% - 10%). Esto limita la contratación de profesionales, la creación de programas de prevención y el fortalecimiento de centros de atención.
✅ Grupos vulnerables: Niños, adolescentes y jóvenes siguen siendo los más afectados. Incluso autoridades como la primera dama, Raquel Arbaje, han señalado la urgencia de priorizar la salud mental como parte de una política de bienestar integral.
Sin embargo, hay pasos que abren camino a la esperanza: el Ministerio de Salud Pública ha reafirmado que la salud mental será clave en la Atención Primaria, y dentro del Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025-2028 se perfilan políticas para garantizar más calidad de vida.
A esto se suma la reciente creación del Ministerio de Justicia y la aprobación en primera lectura del nuevo Código Penal, acciones que indirectamente pueden incidir en la protección de derechos y la reducción de factores sociales que afectan la salud mental.
Invertir en salud mental es invertir en el futuro
Expertos insisten en que la salud mental es un derecho humano fundamental y que su fortalecimiento es vital para el desarrollo sostenible de toda la nación.
El llamado es claro: Estado, sector privado y sociedad civil deben trabajar unidos para romper el estigma, garantizar acceso equitativo y destinar recursos suficientes para una atención digna y oportuna.
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